La aritmética de la compasión en los Premios Goya 2019

La mayoría de los medios de comunicación de este país han destacado el discurso de agradecimiento del actor discapacitado Jesús Vidal (por cierto, el único actor entre los discapacitados de la película) al recibir su premio como mejor actor revelación en la gala de los Premios Goya celebrada en Sevilla el día 2 de febrero de 2019, por su participación en la comedia titulada “Campeones” (que se llevó a su vez el premio a la mejor película) del director Javier Fesser. Por encima de cualquier otro discurso o intervención, e incluso eclipsando a la película con más premios Goya de la noche, que fue el thriller político “El reino”, que se alzó con siete de los trece premios a los que aspiraba, mientras que “Campeones” se llevó tan sólo tres de los once a los que optaba.

Pero claro, “El reino” trata de la corrupción, y ya se sabe que en este país de cínicos se sigue y se seguirá votando a partidos y a gente corrupta. Es así. Ya lo dijo el historiador británico Paul Preston, quien a la pregunta que le hicieron en su día de ¿por qué votan y siguen votando millones de españoles a Mariano Rajoy, y a partidos políticos?, contestó: “Es porque están tan acostumbrados”, porque “el español, por su historia, es una persona cínica. Y eso no es una crítica. A mí me parece un acto de inteligencia, porque después de siglos de mal gobierno, de injusticia social, de políticos totalmente corruptos o incompetentes o ambas cosas, no me extraña que sean cínicos. Si todos o muchos son corruptos, bueno, pues da lo mismo, les votamos igual. No sé, igual no estás de acuerdo…” (1)

Así que la película “El reino” sobre la corrupción es tan intolerablemente cotidiana que no merece ninguna atención, o al menos tan solo la oportuna para la ocasión. Todos elogiaron, por el contrario, la película “Campeones”, y sobre todo el discurso de Jesús Vidal.

“Antológico y emocional”, fueron las palabras más repetidas para definirlo.

“La revelación más gozosa, conmovedora y memorable de esta fiesta  de pompa y circunstancias”, para el crítico cinematográfico Carlos Boyero en el diario El País. (2)

Y hubo quien, como el periodista Luis Martínez en el diario El Mundo, expone –citando al filósofo francés Gilles Deleuze– que “ya está bien de definir lo otro, lo distinto, como la negación de lo igual, Ya está bien de considerar que el sujeto y su representación deban de ser el punto de partida de cualquier patrón de pensamiento ontológico. Ya está bien de la identidad”. Y que lo que Deleuze venía a decir “es que en este nuevo tiempo digital que nos asiste todo es diferencia, simulacro y, por tanto, la identidad no es más que un espejismo. (…) En definitiva,… es nuestra discapacidad para nombrar al que llamamos discapacitado lo que nos delata”. (3)

“Una comedia que se resiste con todas sus fuerzas a la compasión; a la emoción entendida como una renuncia; al sentimentalismo como coartada”, considerando incluso que “de todas las cintas candidatas al Goya más importante, la de Fesser es la que con más evidencia llama a asuntos tales como la reconciliación, la aceptación de lo diferente o simplemente al desorden de lo disímil.  (….) ¿Y si la radicalidad distinta del diferente, del discapacitado, fuera la única forma posible de acercarse a la íntima estupidez de lo que somos, de lo que amamos?”. (4)

Lo dicho, el discurso de Jesús Vidal, elogiado como ejemplo de elocuencia y sensibilidad, fue lo más destacado en todos los medios, haciéndose viral incluso por las redes digitales.

Sin proponérselo, dicho discurso estuvo a la altura de tantos otros a los que nos tiene acostumbrada la industria del lagrimeo mediático, dado que el sentimentalismo lo domina todo, nublando la realidad.

Porque, pese a que el discurso de Jesús Vidal fue auténtico y brillante, la posterior utilización del mismo  es lo que choca, y aún más, es lo que ofende, cuando la misma película tiene muy bien marcada la línea que separa la comedia de la ofensa. Porque Jesús Vidal, pese a ser discapacitado (visual, con miopía magna: sólo ve el 10% por su ojo derecho), es licenciado en Filología Hispánica y tiene un máster de periodismo en la agencia Efe. No hay razón, por tanto, de darle más importancia a dicho discurso del que tiene, y a él reconocerle su talento. Porque, por una parte, las personas con discapacidad pueden trabajar y dejar de ser considerados “especiales”. Y, por otra parte, todos tenemos discapacidades, diagnosticadas o no, como muy bien ha dicho el mismo Javier Fesser.

Por tanto, en su discurso Jesús Vidal nos la ha colado. Él mismo nos lo confiesa: “Se lo han comido con patatas. Fíjate que yo creo que el éxito del discurso de los Goya fue por el efecto sorpresa. La gente pensaba que tengo discapacidad intelectual. Veían a alguien que anda y habla lento, que va despacio, que aparenta ser más torpe de lo que es porque va con cuidado, y decía: este chico va a decir gracias y punto. Luego escucharon y se impresionaron de lo bien que habla, de lo bien que se expresa, de los registros léxicos. Los míos no se sorprendieron nada. Me conocen”. O sea, que su discurso fue de una persona que es filólogo y actor. Y ya se sabe: los actores tienen "síndrome del impostor". Por tanto, los tontos han sido los que han creído otra cosa. (5)

Todo lo demás es un añadido sentimental realmente tóxico, que se vuelve contra la película y contra el mensaje que transmite. Sobran los ternurismos y las emotividades ñoñas.

No cabe ninguna duda de que hay que ser justo con personas con necesidades especiales, y garantizar la igualdad de oportunidades para ellas, para lo cual hay que compensarlas. Una compensación que asume diferentes formas. Porque la discapacidad es algo involuntario y más allá del control humano. La discapacidad es una prueba más que un castigo o una venganza, por lo que sobran las humillaciones, los insultos y los comentarios despectivos.

Pero también observamos en el discurso de Jesús Vidal más cosas. Porque erigiéndose como portavoz de todas las personas con discapacidad, en dicho discurso hizo un llamamiento –a modo de lema– a la “inclusión, diversidad y visibilidad”, alentando una mayor concienciación sobre estas personas, no ya sólo para su integración laboral en el mundo de las artes escénicas, en particular, sino también en el mercado ordinario de trabajo, en general.

Cabe recordar, a este respecto, que todos las personas con discapacidad que aparecen en la película “Campeones” fueron seleccionadas en un cásting gracias a la federación Plena Inclusión, un movimiento asociativo en el que se agrupan numerosas asociaciones a nivel nacional y autonómico que luchan porque estas personas puedan trabajar y dejar de ser consideradas “especiales”. Destacando entre todas esas asociaciones, el Grupo AMÁS, que se encarga de la línea de formación en artes escénicas y en su integración laboral, cuya directora además se convirtió en coach de la película.

Por otra parte, viene de lejos que dicha integración ya se hace a través de los Centros Especiales de Empleo (CEE), que son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado. Y que van en incremento, dado que hay muchas bonificaciones y subvenciones para los empresarios que empleen a trabajadoras y trabajadores con discapacidad, que hace que sea un chollo económico la utilización descarada de este tipo de personas.

Aún más, en España hay una cuota obligatoria de discapacitados en las empresas, ya sean públicas o privadas y con más de 50 trabajadores, porque están obligadas por ley a disponer de 2% del total de sus trabajadores. La primera norma jurídica fue en 1982, y la ley se llamaba “Ley de Integración Social de los Minusválidos”; en 2013 se sustituyó por otra, llamada “Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad”, siendo la norma actualmente vigente. Quién sabe si dentro de poco –a raíz de las palabras pronunciadas tanto por Javier Fesser, director de la película “Campeones”, como de las del galardonado Jesús Vidal, en la gala de los Goya– no cambian dicha ley, y pasa a llamarse “Ley de Inclusión, Diversidad y Visibilidad de los Campeones”. Quién sabe, a lo mejor a partir de entonces estas personas puedan cobrar igual que cualquier otro trabajador, y nadie se pueda aprovechar de ellos para tener abundantes beneficios. ¡Quién sabe!

Las palabras de Fesser fueron las siguientes: “Cuando empezamos a sumergirnos en este proyecto, se hablaba de discapacitados intelectuales, después de personas con discapacidad. Hoy, tengo la enorme felicidad de constatar, se ha acuñado un nuevo término mucho más preciso: campeones”.

Y es que, hoy por hoy, todos parecen querer mostrar una mayor concienciación sobre estas personas, cuando lo que hay tras su contratación no es más que una apuesta rentable, por las bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social, los beneficios fiscales y las subvenciones.

El colmo del descaro es que incluso aparezcan las empresas y compañías que los contratan –además de simular tener una cara más humana en “responsabilidad social empresarial” (ese eufemismo con el que hacen ver que se afanan por el bien de la gente, cuando no se trata más que de una pesca de rentas)– como “entidades benéficas”, cuando lo que hay en realidad no son más que oportunidades de poder ampliar las cuotas de ganancia, con un margen de beneficios mayor, porque el dinero que se invierte en estos trabajadores con discapacidad es mucho menos que el que se invierte en una empresa ordinaria. En definitiva, esto no es más que capitalismo puro y duro, porque se trata de cómo obtener el mayor beneficio posible al menor coste, apropiándose de las plusvalías de los trabajadores con discapacidad.

De ahí que todas estas entidades, los Centros Especiales de Empleo (CEE), estén ahora molestos por la subida del salario mínimo a 900 euros al mes (en vigor desde enero de 2019), porque ello les asfixia sus cuentas, si por parte del gobierno no incrementa su parte de financiación (esto es, no incrementan las subvenciones, que ellos reclaman sea el 75% de la masa salarial). ¿Y qué hacen estos centros? Pues algunos con total desvergüenza, tras pagar dicho nuevo salario mínimo a sus plantillas de discapacitados intelectuales y físicos, le “restan el plus de antigüedad en dicha subida, y otros plantean aumentar la jornada laboral”. (6)

En este contexto, el de cómo conseguir subvenciones a costa de los discapacitados, cabe reseñar el escándalo deportivo de la selección española de baloncesto en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000: de los doce jugadores, diez se hicieron pasar por discapacitados para ganar el oro paralímpico de baloncesto. Una estafa en la que participaron tras ser convencidos de que “iba a servir para obtener más subvenciones que serían revertidas en mejoras para los discapacitados”, ocurriendo todo lo contrario. Un fraude que destapó muchos más casos: “en todos los deportes y países se destaparon graves incoherencias en la verificación de la discapacidad intelectual”. Entre las consecuencias destaca que “el baloncesto sigue excluido de los Juegos Paralímpicos”. (7)

Como dato curioso, uno de los dos únicos discapacitados intelectuales de aquel fraudulento equipo de baloncesto de aquellos Juegos Paralímpicos de Sidney 2000 tiene una pequeña aparición (cameo) en la película “Campeones”, inspirando su figura el personaje de Román. (8)

Y ya que hablamos de capitalismo, la última noticia que tenemos tras la gala de los Goya, es que Hollywood ha comprado los derechos de la película “Campeones”. El director de la misma, Jesús Fesser, vendió dichos derechos sin importarle si Hollywood va a mantener la historia intacta, porque “yo en principio me negué pero luego ofreció 3.000 dólares más y entonces ya vi que era negociable”, dijo entre risas. (9) ¡Sin comentarios!

Al fin y al cabo, la industria capitalista del cine de Hollywood ya tiene una larga historia en esto de hacer películas con discapacitados, desde que se rodara en 1932 la titulada “Freaks” (dirigida por Tod Browning), interpretada por numerosos “fenómenos humanos” (siamesas, gente sin brazos, personas sin piernas, mujer barbuda, enanos, macrocefálicos, etc.), que fue muy criticada por muchos al creerse que se les explotaban, cuando en verdad la película empatizaba con ellos, mostrando su lucha.

¿Y qué decir de “Forrest Gump” (1994)? Una de las películas más taquilleras de la historia, que fue –en palabras de Phillip Lopate– “un fenómeno clarísimo: una tragedia feliz para la generación Prozac”. Porque como “película cómica de idiotas apunta claramente a la necesidad de los espectadores de sentirse superiores a otros que parecen más estúpidos que ellos. Su base demográfica está formada por adolescentes, sobre todo varones, que se burlan de todo con superioridad; quizá su magnetismo emocional sea el autodesprecio, tanto como la superioridad. No es un género que yo aborrezca: me parece que continúa una vena legítima de la comedia norteamericana basada en la torpeza, el infantilismo y la irreverencia para con la autoridad”. (10)

Recordar que la película “Campeones” optó a los premios Óscar a la mejor película de habla no inglesa (cuya gala se celebra el 24 de febrero de 2019), pero Hollywood la descartó a mediados de diciembre de 2018. Digamos que prefiere rehacerla a su manera, una vez ha comprado sus derechos, para elevar –como ya hizo con “Forrest Gump”– a unos “optimistas mentalmente discapacitados” a la categoría de “tontos sagrados”, parafraseando a Phillip Lopate. (11)

Pues bien, una vez desenmascarada la absoluta hipocresía, la imagen falsa de filantropía, en suma, la gran estafa que existe tras el enfoque de negocios que incorpora respeto por las personas con discapacidad en el mundo laboral, vayamos de nuevo a la gala de los Premios Goya de este año, donde tuvo lugar la declaración política más digna y valiente que se ha dado en este tipo de ceremonias en muchos años, y que por lo insólita que fue pasó totalmente desapercibida para el común de esta sociedad estúpida adormecida por el sentimentalismo.

Nos referimos a la declaración de Julio Pérez del Campo, director del cortometraje “Gaza. Una mirada a los ojos de la barbarie”, premiado por la Academia de Cine con el Goya en la categoría de mejor cortometraje documental. Al recoger el galardón junto a Carles Bover Martínez (quien por su parte denunció los intentos de censura que han sufrido para distribuir y divulgar dicho trabajo), además de reivindicar la lucha del pueblo palestino y de pedir que el Festival de Eurovisión no se celebre en Israel en mayo de este año,  Julio Pérez del Campo (quien, además de cineasta y fundador de la productora El Retorno Producciones, es secretario de comunicación de Podemos en Castilla la Mancha, y jefe de gabinete del vicepresidente segundo, José García Molina, también de Podemos) fue más lejos al hablar de “terrorismo sionista”, e instar a que no debemos legitimar a países como Israel “que vulneran sistemáticamente los derechos humanos”, porque “no debemos ser cómplices del apartheid israelí”.

Un alegato valiente que tuvo ciertos aplausos de una parte de los presentes en la gala, mientras la otra parte se manifestó entre el susto y la perplejidad. No era para menos: se estaba denunciando en público (¡¡y qué publico: una audiencia de varios millones de telespectadores !!) al estado de Israel.

Como era de esperar, enseguida los judíos sionistas tacharon dicha intervención como “discurso de odio subvencionado que no contribuye a la paz entre palestinos e israelíes” (según subrayó cínicamente la Federación de Comunidades Judías de España). Reprochando a su vez que se trata de una postura completamente partidista, dado que no menciona por ejemplo la responsabilidad que tiene también Hamás (considerada por ellos una “organización terrorista”) en la Franja de Gaza, o el conflicto interno de liderazgo palestino, entre Ramala (en referencia a la ciudad donde tiene su sede la Autoridad Palestina) y Hamás. Y la verdad es que de haber mencionado estos últimos temas –que dan para mucho más que un cortometraje–, lo mismo el estado israelí tampoco hubiera salido bien parado.

Pero nada, los judíos sionistas a lo suyo, en su defensa de Israel –en palabras de Yoav Katz, portavoz de la embajada israelí en España– como “un país democrático y abierto que respeta los derechos humanos universales”, porque allí hay “respeto por las libertades y minorías”, en referencia sólo a las mujeres y los homosexuales, en contraposición con la situación en la que viven estos colectivos en Gaza. Y para ello elogia el envío que hizo Israel en 1998 de la cantante transexual Dana International al Festival de Eurovisión, que finalmente ganó con el tema Diva. (12)

¡No se puede ser más cínico! Con tal de distraer la atención para que no se admita y  reconozca la Franja de Gaza como lo que es: el mayor campo de concentración del mundo desde hace tres décadas, donde viven confinados y separados alrededor de dos millones de personas (en su mayoría descendientes de refugiados palestinos expulsados de sus hogares), y que ha sido creado y es dirigido por el estado de Israel, donde impiden que ingresen en multitud de ocasiones alimentos y otros productos esenciales, y, cómo no, donde cometen crímenes de guerra cada cierto tiempo violando sistemáticamente el derecho internacional, como los que ocurrieron en 2014, y cuyas secuelas se muestran en este documental que tratan de silenciar.

Un documental en el que se muestra, por ejemplo, el desgarro de una madre que ha perdido a su hija paralítica y discapacitada intelectual en sillas de ruedas, acribillada a balazos por el ejército israelí en dicha última incursión militar del estado sionista en la franja de Gaza el verano del año 2014, en la que bombardeó y masacró a gran parte de su población de una manera atroz.

Una joven paralítica y discapacitada intelectual que no ha sido ni va a ser reconocida como Campeona, porque esta sociedad estúpida se rige por una aritmética de la compasión que no es más que una falacia.

Jamás tuvo esta joven palestina discapacitada derecho a la “inclusión” (esto es, nunca tuvo las herramientas para mejorar su mundo), jamás se respetó su “diversidad” (esto es, nunca se respetó su condición), y nunca tuvo ni obtuvo “visibilidad” (esto es, nunca tuvo libertad –como todos los palestinos de Gaza– de poder salir a la calle, relacionarse y luchar, porque están condenados a una vida de desempleo, tristeza, pobreza, enfermedad, depresión y dependencia). La conocemos tan sólo a través de una pequeña foto que su madre –llena de dolor y rabia– muestra en su móvil a cámara.

La gente prefiere –parafraseando el poema “Don Cogito lee el periódico” del poeta polaco Zbigniew Herbert (13)– seguir los crímenes sensacionales que los medios repiten a diario, descritos con precisión y con todo lujo de detalles morbosos, “para bucear con deleite en la macabra cotidianidad”.  Herbert cita en su poema el caso de “un trabajador rural con cerca de treinta años con una depresión profunda que asesinó a su mujer y a sus dos hijos pequeños”. Pero podía ser –leyendo el diario de hoy–, el ejemplo de un camarero que ha descuartizado a su novia y la ha mantenido en un congelador durante un año. El ejemplo de hace unos días: un hombre acusado de matar a golpes a su tía, con quien mantenía una relación. O el ejemplo de hace unas semanas: un niño rescatado muerto tras trece días en un pozo ilegal, por el que ha sido llamado a declarar como investigado (o, lo que es lo mismo, como "imputado", como se denominaba antes) un familiar del niño –dueño de la finca donde estaba el pozo–, y como testigo el pocero que lo hizo. Y así todos los días. La gente se pega a la televisión, a la radio y a los periódicos, para seguir este tipo de casos que –pese a ser tragedias terribles, atroces, causantes de dolor– derivan miserablemente en espectáculo de la emocionalidad y la sentimentalidad. 

Nada nuevo. Ya lo dijo Séneca con una frase que describe muy bien toda época decadente: “el sol sólo tiene espectadores cuando se eclipsa”.

Por el contrario, los miles de palestinos de Gaza, aislados, privados de historia, raíces y pertenencia, y de vez en cuando víctimas de los bombardeos e incursiones militares de Israel, “no estimulan la imaginación, son demasiados, el número cero al final los transforma en una abstracción”.

Además no salen en los medios. Por tanto, ¿a quién le va a doler cuando los torturan, o sangrar cuando los asesinan después?

De ahí que Herbert inste al final de su poema a meditar sobre este tema: “la aritmética de la compasión”.

¿Por qué una muerte es una tragedia, miles de muertos una estadística?

He ahí la cuestión.

Antonio José Trigo

NOTAS:

(1).- Irene G. Pérez, entrevista al hispanista Paul Preston, “¿Por qué votan a los corruptos? Están tan acostumbrados….”, Contexto y Acción, 28 de febrero de 2018, http://ctxt.es/es/20180228/Politica/18124/entrevista-paul-preston-corrupcion-censura-Cataluyna.htm

(2).- Carlos Boyero, “El desconocido era la estrella”, El País, 4-2-2019,

https://elpais.com/cultura/2019/02/03/actualidad/1549220604_384312.html

(3).- Luis Martínez, “Campeones contra la normalidad”, El Mundo, 4-2–2019, https://www.elmundo.es/cultura/cine/2019/02/04/5c573f6dfc6c838f738b45c9.html

(4).- Ibíd.

(5).- Luz Sánchez-Mellado, “Jesús Vidal: ˝Mi 10% de visión esa mi tesoro˝”, El País, 10-2-2019, https://elpais.com/cultura/2019/02/08/actualidad/1549642720_559906.html

(6).- Pau Rodríguez, “Centros Especiales de Trabajo suben el salario mínimo a cambio de rebajar otras retribuciones”, El Diario, 8-2-2019, https://www.eldiario.es/catalunya/Centros-Especiales-Trabajo-condiciones-laborales_0_865114507.html

(7).- José Antonio Luna, “12 jugadores de basket, solo dos paralímpicos reales: el fraude de Sídney 2000 que inspiró a ˝Campeones˝”, El Diario, 7-2-2019, https://www.eldiario.es/cultura/cine/Juegos-Paralimpicos-Sidney_0_865464456.html

(8).- Ibíd.

(9).- “Hollywood compra los derechos de 'Campeones' sin asegurar que el 'remake' respete su giro final”, El Diario, 5-2-2019, https://www.eldiario.es/cultura/cine/Javier-Fesser-Campeones-EEUU-condiciones_0_864763637.html

(10).- Phillip Lopate, “El último tabú: la estupidización de las películas americanas”, Revista Santiago, Chile,  30-9-2016, http://revistasantiago.cl/el-ultimo-tabu-la-estupidizacion-de-las-peliculas-americanas/

(11).- Ibíd.

(12).- Elena Berberana, “Enfado y tristeza en la comunidad judía por el mensaje antisemita en los Goya: ˝Es un discurso del odio˝”, Libertad Digital, 8-2-2019, https://www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2019-02-08/enfado-y-tristeza-en-la-comunidad-judia-por-el-mensaje-antisemita-en-los-goya-es-un-discurso-del-odio-1276632794/

(13).- Zbigniew Herbert, "Don Cogito lee el periódico", citado en el libro de Martín López-Vega, "Mapamundi (Poemas del siglo XX)", Ediciones de La Isla de Siltolá, Sevilla, 2014, pp. 123-124.

El desorden alienta la creatividad

Es comprensible que para muchas personas el caos, el desorden, les parezca algo perturbador, y que –en consecuencia– estén siempre dispuestos a ordenar su entorno como un mecanismo tranquilizador, hasta el extremo de caer en muchos casos en un alienante trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad.

No comprenden estas personas que el caos tiene su propio orden. No entienden que no hay que aniquilar el caos en el orden, sino que hay que integrarlo en él.

A este respecto, y teniendo en cuenta un famoso estudio realizado en la Universidad de Minnesota por los profesores Kahtlee Vohs, Joseph Redden y Ryan Rahine, los ambientes desordenados no son algo negativo, sino, por el contrario, ayudan al desarrollo de la creatividad, esto es, ayudan a buscar la novedad y los caminos no convencionales.

Con sus experimentos demostraron que los ambientes ordenados representan virtudes rígidas, mientras que los ambientes desordenados alientan a las personas a romper con los comportamientos y convenciones sociales dadas, algo necesario para producir nuevas ideas e innovaciones. Porque los ambientes ordenados incitan a la rigidez; por el contrario, los ambientes desordenados fomentan la libertad. Por tanto, las personas ordenadas son convencionales; por el contrario, las personas desordenadas son más inteligentes y creativas.

Si el caos es una tendencia inevitable, si el desorden es inherente a todo sistema (lo que se llama entropía, segundo principio de la termodinámica), ¿por qué dejarse intimidar por esa legión de obsesos y maniáticos evangelizadores del orden y la limpieza?

Porque, ¿hay algo más odioso que alguien toque las cosas de uno en su casa o en su trabajo, y encima lo haga juzgándote por tu desorden, haciéndote creer culpable, porque él, al mantener su casa o su mesa de trabajo, limpia y despejada, se cree superior?. No entiende este tipo odioso de persona (conocido/a como “metementodo”) que hay gente que se arregla muy bien dentro del orden en el caos de su casa o de su trabajo.

En este punto, si hubiera que encontrar el justo equilibrio, habría que decir que no hay que prestar demasiado atención al orden doméstico, por un lado, y que no hay que dejarse llevar (mucho menos, hundirse) en el caos, por otro. Porque el orden no es sinónimo de limpieza, ni el desorden sinónimo de caos.

Según otro estudio, el realizado en 2015 por los investigadores holandeses Bob M. Fennis y Jacob H. Wiebenga, “el desorden vuelve acuciante la necesidad de completar una tarea, de concluir y alcanzar así algún tipo de orden. Es muy probable que un escritorio desordenado aumente la presión para terminar el trabajo, aunque uno no sea consciente de ello”, de manera que “quienes acumulan pilas de papel permiten que el orden ocurra de manera orgánica y encuentran lo importante antes que quienes los archivan.” (1)

Porque como dice Tim Harford, periodista del Financial Times y autor del libro “El poder del desorden” (Editorial Conecta, 2017): “Los despachos desordenados están llenos de pistas sobre los recientes patrones de trabajo, y estas pistas nos pueden ayudar a trabajar con eficiencia. Por supuesto, es intolerable trabajar en medio del desorden de otro, ya que estas pistas sutiles nos resultan irrelevantes. Son señales de tráfico del viaje de otra persona”. (2)

Palabras que se pueden extrapolar al ámbito doméstico de una casa, donde sus dueños mantienen igualmente sus “pistas sutiles”, sus “señales de tráfico”, que ninguna otra persona ajena debe cambiar, porque de hacerlo se expone sin duda alguna al conflicto.

Quizá les convenga a esos “metementodos”, antes de preocuparse por el orden y el control de las casas ajenas, en definitiva, antes de meterse en la vida de los demás, que reflexionen y tengan en cuenta que “el desorden, como la belleza, está muchas veces en el ojo de quien lo contempla”, y que “quienes defienden que su caos tiene estructura, no mienten.” (3)

Aunque muchos nos tememos que pedir a un “metementodo” obsesivo compulsivo que sea flexible, espontáneo y eficiente, es como pedir a un manzano que de peras.

Y si aún así continúan sintiendo el llamado “estrés del lío”, si les siguen creando ansiedad la desorganización, el barullo de la casa u oficina, le traemos a colación (aún a riesgo de que sufran un “shock” irrecuperable, al ver la imagen) el ejemplo extremo del psicólogo suizo Jean Piaget, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia, y por su teoría constructivista del desarrollo de los conocimientos, quien –como refiere Andrea Aguilar– “supo categorizar los periodos de desarrollo cognitivo en los seres humanos, pero fue claramente incapaz de ordenar su despacho en el que parece que estaba acorralado por montañas de libros y papeles.” (4)

El psicólogo suizo Jean Piaget en su despacho en 1979.

Sin llegar a este extremo de desorden vital, sólo cabe decir por último que, aunque se mantenga cierto orden externo en la casa o en la oficina, siempre habrá algo fuera de sitio. ¡Gracias a Dios!

NOTAS:

(1).- Andrea Aguilar, “Larga vida al desorden”, El País, 11 de agosto de 2017, https://elpais.com/elpais/2017/08/11/ciencia/1502461120_549629.html

(2).- Citado por Andrea Aguilar, op. cit.

(3).- Andrea Aguilar, op. cit.

SE BUSCA : M. Rajoy

(Este texto está dedicado a todos los tontolabas que se han alegrado de la captura de Carles Puigdemont en Alemania, esto es, a todos aquellos que no tienen ni idea de lo que está pasando en Cataluña, pero se creen a pies juntillas todo lo que les dice la tele y los periódicos, y, lo que es peor, creen tener derecho de opinar sin cotejar o contrastar)

 

La policía nacional puso en un twit el mismo día de la captura de Puigdemont (25-3-2018), lo siguiente:

 “Gracias a una operación coordinada de los agentes de Información de policía y el CNI, Puigdemont ha sido detenido en Alemania.”

Una noticia insólita, porque este tipo de operativos llevados a cabo por un servicio secreto junto con agentes de información policiales, jamás se publicitan inmediatamente, sino que se conocen, en la mayoría de los casos, muchos tiempo después, casi siempre por desclasificación de secretos.

No ha sido así en este caso, porque era urgentísimo lavar la imagen del CNI, tras el sonado fiasco, entre otros, en la búsqueda de urnas para la celebración del referéndum catalán del 1 de octubre de 2017 (1-O/2017). Había que resarcirse de ello, por un lado, y por otro también ser presentado como un logro por parte de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien ejerce de virreina de Catalunya tras la aplicación arbitraria del artículo 155 de la Constitución, teniendo, entre otras muchas funciones, la de controlar el CNI.

Y aún más, filtraron algunos detalles de los procedimientos utilizados para la captura de Puigdemont a algunos periodistas a sueldo de las cloacas del estado, señalando por ejemplo que éste en todo momento estuvo geolocalizado, tras colocar una baliza en su coche, y patatín y patatán, con tal de tener entretenidos a los súbditos espectadores y lectores de televisión y de periódicos por un rato, como para demostrar que en esto del espionaje estamos a la altura de la CIA o del Mossad. ¡Qué bien! ¡Qué guay!

Una captura la de Carles Puigdemont que ha sido llevada a cabo tras unos autos judiciales de un juez que distorsiona claramente la realidad de lo ocurrido en Catalunya hasta unos extremos inverosímiles. Este juez se llama Pablo Llarena y ya ha metido en la cárcel a Jordi Turull, Carme Forcadell, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, a petición de la Fiscalía General del Estado (o, lo que es lo mismo, del gobierno de M. Rajoy) ), y del partido de ultraderecha VOX, un partido que no tiene representación política en el Congreso y en el Senado, y en ninguna autonomía, y que sólo tiene 22 concejales y 2 alcaldes en un total de 13 municipios en toda España, obtenidos en las últimas elecciones municipales de 2015, y que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el proceso independentista en Catalunya.

¡Todo un ejemplo de justicia selectiva, parcial y discriminatoria, donde la ecuanimidad y neutralidad brillan por su ausencia!

“Sólo desde un contorsionismo jurídico que roza el esperpento –como escribe el profesor de historia Javier Segura– puede equipararse la movilización popular pacífica en defensa del derecho a decidir en referéndum y la declaración de independencia aprobada por el Parlament, un acto de reafirmación política del veredicto de las urnas, una vez cerrada toda vía de diálogo por el Gobierno de M. Rajoy, con un ˝alzamiento tumultuoso˝ (sedición) o un ˝alzamiento violento˝ (rebelión), equiparándolo con un golpe de Estado contra la soberanía popular. Algo tan absurdo como como asociar la petición de divorcio de una mujer a un golpe de mano para imponer la soledad al cónyuge. En fin, el victimismo del verdugo.” (1)

Un juez que tiene –en no menos acertadas palabras de Iñigo Sáenz de Ugarte, subdirector de eldiario.es–  “tal capacidad de fabulación que es capaz de reescribir los acontecimientos que han tenido lugar en esa comunidad autónoma en el último año”. Una desconexión total con la realidad que “en el caso de un juez es mucho más grave por afectar de forma inevitable a derechos fundamentales”.

En sus autos, el juez Pablo Llarena –continúa diciendo Iñigo Sáenz de Ugarte, cuyo artículo reproducimos casi en su totalidad por su extraordinaria perspicacia y lucidez– “conmina a los acusados a renunciar a sus pecados porque los considera culpables antes de que se celebre el juicio. Y ni aun así podrían acceder a la libertad condicional, porque tendrían que pasar por el análisis psicológico que hace el juez, y ahí tienen todas las de perder”, dejando de aplicar el principio de presunción de inocencia de los acusados, y yendo más allá, negándoles “en la práctica el derecho de los políticos encarcelados a creer que son inocentes. Es más, lo considera poco menos que un agravante que impide su puesta en libertad tras su declaración”.

»“˝Y puesto que esos argumentos [con los que justificaban su desobediencia de las decisiones judiciales del año pasado] son los mismos que les llevan a entender que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos˝.

»˝En su esfera psicológica interna˝, escribe Llarena en calidad de perito psicólogo, aunque antes había escrito que ˝lamentablemente es de imposible percepción cuál pueda ser la voluntad interna de los procesados˝. Unos párrafos después, lo imposible pasa a ser evidente. 

» No aprecia que vayan a respetar las decisiones del instructor del caso, porque además no aceptan "la presunta ilegalidad" de sus actos. Si se consideraran culpables antes del juicio, se supone que la cosa sería diferente. 

» ˝El acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie˝, afirma en un castellano no muy claro. Es probable que quiera decir que ´no habrá acatamiento del tribunal hasta que cambien su voluntad `.

» Nos encontramos ante una situación similar a la que se produjo tras la decisión de la Audiencia Nacional sobre el encarcelamiento de Oriol Junqueras y varios exconsellers. El entonces fiscal general José Manuel Maza afirmó en una entrevista que la decisión jurídica sobre la situación personal de los imputados  podría haber sido diferente si hubieran acatado la Constitución en su declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional. Si los acusados hubieran manifestado una determinada opinión política, la decisión del fiscal y la jueza podría haber sido otra. ˝A lo mejor alguna cosa hubiera cambiado˝, explicó.

» Quedó claro entonces como ahora que la Justicia no está sólo valorando hechos, sino también ideas políticas. No son sólo los actos que realizaste en calidad de alto cargo de una Administración los que pueden negarte la libertad condicional, al considerarse la gravedad del delito, sino también tus opiniones. 

» Pœnitentiam agite: appropinquavit enim regnum cælorum (Arrepentíos. El Reino del Cielo está cerca).

» En el otro auto en el que procesa a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los demás líderes independentistas, Llarena pone a prueba su imaginación y da a entender que los acusados estuvieron a punto de conseguir sus objetivos, una opinión personal que no creo que comparta mucha gente informada o en su sano juicio. Todo con la intención de justificar la imputación del delito de rebelión, que exige una intención, planificación y ejecución de actos violentos que nadie ha visto y que aparentemente podrían haber concedido la victoria a los acusados. 

» Explica que la actuación violenta requiere tres elementos, y que uno de ellos debe ser de entidad suficiente para que pueda ˝doblegar la voluntad de aquel contra quien se dirige˝. La idea de que el Estado podía doblegarse sólo por la manifestación ante la Conselleria de Economía, por las declaraciones de los políticos independentistas o por la celebración de la consulta del 1 de octubre es tan absurda que casi no es necesario ni refutarla.

Los acontecimientos posteriores al 1-O lo dejan claro, y también lo ocurrido tras las elecciones. El Estado nunca estuvo indefenso ante el reto independentista. La actuación de los tribunales y la decisión del Gobierno de aplicar el 155 desmienten con claridad esa supuesta capacidad de los acusados de someter a las instituciones a su voluntad con ayuda de la violencia. 

» Pero si Llarena se refiere estrictamente a la concentración ante la Conselleria cuando agentes de la Guardia Civil estaban realizando un registro en su interior, la cosa es aún peor. Sostiene que esa noche hubo ˝una real restricción de la capacidad de actuación˝ del Estado a causa de la presencia en la calle de miles de personas. 

El hecho evidente es que los agentes realizaron en el interior del edificio las funciones que tenían encomendadas durante el tiempo que necesitaron. La concentración sí impidió su salida normal, que tuvo que aplazarse varias horas, sin que nunca quedara claro por qué algunos agentes sí pudieron salir unas cuantas horas antes que los otros.

» La responsabilidad de los mandos de los Mossos por no haber despejado la calle antes (después sí hubo cargas de los antidisturbios de los Mossos) será la que dicten los tribunales si ese es el caso. Afirmar que el presunto carácter violento del desafío independentista empieza y acaba en lo ocurrido esa noche a la hora de justificar un ingreso en prisión es algo que se puede hacer en un artículo de opinión publicado en un medio de comunicación, pero no en un auto judicial que limita derechos fundamentales. Al autor de ese artículo se le puede llamar manipulador, pero está en su derecho de manifestar esa opinión. Un juez del Tribunal Supremo no es un editorialista ni un tertuliano.

» Pero parece que Llarena no resiste lo que podríamos llamar la tentación del tertuliano cabreado y se lanza a un símil, esa figura retórica tan maltratada en los programas de televisión. Compara la actuación violenta ante la Conselleria con ˝un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire˝, que podría ser  una comparación estrambótica con los guardias civiles de Tejero entrando a tiros en el Congreso en el golpe del 23F. 

Di lo que quieras de los tertulianos más airados pero al menos no meten a la gente en prisión con sus elucubraciones. No se puede decir lo mismo de Llarena.”

En definitiva, el juez Llarena “se presenta como el cirujano de hierro y salvador de la patria que acabará con la enfermedad y que lo único que conseguirá es perpetuar este cisma durante una generación. No se puede gobernar un país desde un despacho del Tribunal Supremo y menos con la visión deformada de la realidad de la que hace gala este magistrado.” (2)

 

Viñeta de Malagón

Por último decir que el juez Pablo Llarena (natural de Burgos, que fue número uno de su promoción, y que es hombre –según dicen– de cordialidad superficial y jesuítica, aficionado a los puros y a las Harley Davidson) está afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que fue portavoz, y también presidente entre enero de 2013 y noviembre de 2015, siendo designado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 28 de enero de 2016 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nombramiento que fue recurrido por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, recurso que fue desestimado por el Tribunal Supremo el 27 de marzo de 2017. Antes de este puesto, ejerció de juez 19 años en Catalunya –donde ha permanecido 24 años–, y aún hoy no es capaz de ligar dos frases en catalán.

En este contexto, cabe recordar –en palabras de Enric Vila–, cómo “en el 2012, cuando estaba en la Audiencia provincial de Barcelona, se había mostrado partidario de buscar una solución política al conflicto nacional. Quizás por este motivo, y porque tiene casa en Sant Cugat, la Catalunya institucionalizada respiró de alivio, cuando la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela aceptó pasarle la causa contra el gobierno de la Generalitat. Pocos previeron que haría suyo el relato de la guardia civil sobre el proceso o el de los políticos unionistas que comparan el referéndum con el golpe de estado del 23-F.

» Los autos de Llarena han acabado de sacar a pasear a los pocos fantasmas que todavía dormían en los sótanos de la España de la Transición. Calificando de ˝fanáticos violentos˝ a los votantes del 1 de octubre, como si fuera un hooligan de VOX, ha hecho evidente que el ordenamiento jurídico español, y toda su cultura política, se fundamenta en el principio establecido por Franco, según el cual los sectores que hicieron el golpe de estado de 1936 eran inocentes defensores de la legalidad y los republicanos unos rebeldes sediciosos.” (3)

Unos autos judiciales cuyos argumentos resultan más que chocantes si se tienen en cuenta las palabras con que el juez Llarena defendía en 2012 –en calidad entonces de presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona– el proceso soberanista. En unas declaraciones al diario El Mundo ese año, este juez explicaba que la cuestión entre Cataluña y España debía tener “una solución esencialmente política”, porque “lo que no se puede pretender es que toda la cuestión relativa a atribuir un espacio significativo a la individualidad catalana y toda esta cuestión relativa a la integración de Cataluña en España se vaya a resolver judicialmente, porque no tiene que ser así”. (4)

¿Qué ha cambiado, entonces? ¿Por qué el juez Llarena ha incurrido –como bien advierte Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla– en fraude de ley, al dictar la euroorden contra Carles Puigdemont y otros cuatro dirigentes nacionalistas catalanes, calificando “como delito de rebelión conductas en las que no está presente el elemento central del tipo penal de dicho delito que es la violencia”?

Porque, “para que exista un delito de rebelión es necesario que se produzca un "alzamiento violento", expresión que, en la interpretación prácticamente unánime de la doctrina, no es el resultado de yuxtaponer un adjetivo al sustantivo, sino que ˝alzamiento violento˝  es un conjunto inescindible. El delito de rebelión es un  alzamiento violento, en el que la violencia tiene que estar desde antes de que empiece el alzamiento, desde el momento preparatorio del mismo y  del que no desaparece durante todo su desarrollo. No se trata de que haya episodios violentos, sino de que no haya prácticamente nada más que violencia.

» Y este   alzamiento violento simplemente no ha existido. Ha habido episodios violentos de muy diferente entidad, que pueden ser o no constitutivos de delito, pero que, en ningún caso, pueden serlo del delito de rebelión. Y esto resulta meridianamente claro a partir de  la lectura de los autos sucesivos que ha dictado el juez instructor.”

Un fraude de ley que –como concluye Javier Pérez Royo– “va a quedar retratado en las decisiones de los cuatro órganos jurisdiccionales europeos de manera inequívoca e inapelable. El abuso de confianza se acaba pagando siempre. La euroorden se va a volver como un boomerang contra la justicia española, que va a sufrir un descrédito evidente”. (5)

De momento, la juez de Edimburgo, tras la vista a Clara Ponsatí (exconsellera de Educación de la Generalitat, que se entregó voluntariamente en virtud de la euroorden, en una comisaría de dicha ciudad escocesa), la ha dejado en libertad con fianza, aparcándose así la vista de la extradición a muy largo plazo, que muy probablemente no se efectuará porque en Reino Unido no existe un tipo delictivo en el caso del delito de rebelión. Por otra parte, el gobierno suizo ha afirmado que estudiará la euroorden contra Marta Rovira (secretaria general de ERC, exiliada en el país helvético), recordando que no concede la extradicción por “delitos políticos”. Por último, la Fiscalía de Bruselas tras estudiar la euroorden de detención de los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, que continúan exiliados en Bélgica, los dejó en libertad sin fianza el día 5 de abril de 2018, debiendo permanecer en Bélgica, donde se hallan desde finales de octubre de 2017.

Y en el caso de Carles Puigdemont, la juez alemana expresó dudas sobre el fondo de la euroorden de extradición, y lo mantiene en prisión cautelarmente a la espera de estudiarla más a fondo, habiéndose estipulado que –según la normativa de detención europea o euroorden– acusar a una persona por motivos políticos es inadmisible, no figurando la rebelión, que es la principal acusación española, en la lista del catálogo de delitos. En Alemania el tipo criminal comparable con la rebelión es la alta traición (que en Alemania curiosamente no se aplica desde hace décadas), que requiere cometer actos violentos o la amenaza de utilizar la violencia. Y no es el caso. Pese a todo, la fiscalía alemana (que actúa en nombre de la fiscalía española) pidió la extradición, aplicando así la euroorden dictada por el juez Llarena por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, además de solicitar que siga en la cárcel por riesgo de fuga. La decisión última dependía de la audiencia territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania), que a la espera de estudiar más el caso y requerir documentación adicional, dejó en libertad el día 5 de abril de 2018 a Puigdemont con fianza de 75.000 euros, descartando el delito de rebelión.

Así que tiempo al tiempo.

Y ya para terminar este apartado, dar un dato más que inquietante, decir que el juez Llarena está casado con la actual directora de la Escuela Judicial (natural también de Burgos, como él), que es un organismo creado en 1997, de carácter administrativo, integrado en el CGPJ, del que depende (y en el que Llarena fue profesor), cuyo ámbito de actuación tiene por tarea la selección y reclutamiento de los jueces que ingresan en la carrera, controlando después el acceso de estos a las distintas especialidades jurisdiccionales.

Sólo confiamos que los jueces que han salido y salen de dicha escuela judicial no sean como el señor Pablo Llarena, no sean tan creativos como este a la hora de inventarse nuevos conceptos jurídicos, como el de la "violencia previsible" sin juzgar ningún episodio, aunque pensara en el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat mientras se producían los registros de la guardia civil, las murallas humanas durante el referéndum declarado inconstitucional, o el corte de carreteras durante la jornada de huelga general. Concretamente él solo dice que todo "desembocó en varios episodios, previsibles y altamente probables, de violencia y tumulto". Como fuere, coge estos hechos (que no concreta) y los moldea para encajarlos en la jurisprudencia actual que analiza el delito de rebelión, con el que finalmente acusó a 13 altos cargos de la Generalitat, con Puigdemont a la cabeza. En definitiva, un nuevo concepto jurídico este de la "violencia probable, previsible", que no es más que reaccionario. Y así se lo ha hecho saber la justicia alemana, poniendo en libertad a Puigdemont, descartando el delito de rebelión.

Confiemos en unos jueces que no rompan la apariencia de imparcialidad convirtiéndose en sus autos de procesamiento en parte de los agraviados, como ha hecho el juez Llarena, quien en la página 54 de su auto llega a decir: "Y aquí termina el relato de la estrategia que venimos sufriendo". Un dato que –como refiere Elisa Beni–, revela una instrucción que contiene "vulneraciones del derecho al juez imparcial, a un procedimiento con las debidas garantías, vulneraciones del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Ahí es nada." (6)

Confiemos en unos jueces que no prevariquen, esto es, que no quiebren el principio de legitimación democrática del poder, como ha hecho -según muchos juristas, entre ellos Javier Pérez Royo– el juez Llarena, al impedir en un auto el 12 de abril de 2018 que el candidato propuesto por el president del parlament, Jordi Sánchez, acudiera a la sesión de investidura convocada para el día 13. En dicho auto, "el juez Llarena no identifica ni una sola norma jurídica en la que descanse su decisión de no permitir que Jordi Sánchez acuda a la sesión de investidura. Repito: ni una sola norma jurídica". Cuando "la investidura está regulada en positivo en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, de manera exclusiva y excluyente, (...). Y en negativo, la investidura está condicionada por el Código Penal y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que "exige que el candidato no esté privado del ejercicio del derecho de sufragio por sentencia judicial firme", que no es el caso, porque Jordi Sánchez está en prisión preventiva como medida cautelar a la espera de juicio, por tanto, nada le podía privar del ejercicio del derecho de sufragio.

El juez Llarena, por tanto –acaba afirmando Javier Pérez Royo– puede haberse "independizado de la ley, haber sustituido la voluntad general por su voluntad particular", de manera que si la querella que ha planteado la mesa del Parlament de Catalunya contra él prospera, serán los magistrados del Tribunal Supremo quienes den respuesta a esta cuestión: "¿ha sido el juez Llarena el juez independiente previsto en la Constitución o el juez arbitrario y caprichoso que se ha considerado que no está sometido a la Constitución y el Estatuto de Catalunya ni a la ley?" (7).

Confiemos, en definitiva, que la justicia no se vea influida por las ideologías y los estados emocionales, convirtiéndose en muchos casos en las únicas guías de los juristas.

De lo contrario: ¡S.O.S. emergencias, si dentro de los delitos en este país se cuecen habas e intereses creados, según sea el personaje de marras!

Estas prácticas totalitarias propias del régimen franquista en el sistema judicial bajo el mandato del PP, ya han sido denunciadas afortunadamente. Entre todas ellas, hay quien –como el ya citado Javier Segura– ve una “deriva hacia un auténtico ˝gobierno de los jueces˝ en la sombra”; un modelo de poder, “en el que el ensañamiento político ocupa el lugar de la independencia judicial, el que deja las puertas abiertas a toda suerte de interpretaciones sesgadas, arbitrariedades y prevaricaciones para imponer la ley del más fuerte, bajo la falsa neutralidad del imperio de la ley. ¿Por qué hay que atribuir a los jueces el don de la infalibilidad cuando el acceso a la judicatura se obtiene, como en el resto de las profesiones, por concurso-oposición?” (8).

Y por si todavía no se han enterado los tontolabas, baste algunos datos sobre la politización del poder judicial en el caso del “procés catalán”, resumidos magistralmente por Javier Segura:

- La clave del procès soberanista catalán está en la impugnación en 2010 por el Tribunal Constitucional, a instancias del  Partido Popular, del Estatuto de Catalunya de 2006, aprobado por los parlamentos catalán y español y refrendado por el 74% de los votantes de Catalunya.

- Aprovechando la mayoría absoluta en las Cortes, el gobierno de M. Rajoy reformó la ley para otorgar al Tribunal Constitucional competencias sancionadoras propias del poder ejecutivo, como la suspensión en sus funciones de los cargos que rehusaran cumplir sus sentencias. El objetivo real:  dinamitar el procès soberanista.

- El órgano de gobierno de todos los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Tiene 21 miembros. Pero ninguno de ellos lo eligen los jueces. Todos sin excepción, son nombrados por el Congreso y el Senado, en la práctica, por los dos grandes partidos, PP y el PSOE. El control del Consejo permite controlar también los nombramientos, entre otros, de los magistrados del Tribunal Supremo o los presidentes de los tribunales superiores de Justicia.

En resumidas cuentas, es natural que ante esta inseguridad jurídica (a la que hay que añadir la criminalización de la disidencia, las nuevas infracciones a la celebración de reuniones y manifestaciones, y, cómo no, la limitación de la libertad de expresión, entre otras normas represivas, a raíz de la llamada Ley Mordaza –esto es, la “Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana”, en vigor desde 2015–, y que está cebándose injustamente con cantantes, manifestantes, gente que hace chistes o que hace tuits), crezca la duda sobre la independencia de la justicia en España, esto es, sobre la no separación de poderes en el Estado, y que prevalezca siempre un “cruce de poderes” según conveniencia del partido político que legisle, inmerso en un enjambre de interpretaciones sesgadas, arbitrariedades y prevaricaciones para imponerse bajo la falsa neutralidad del “imperio de la ley” en un “Estado de Derecho” en quiebra.

M. RAJOY: sistemático incumplidor de leyes

Parafraseando un twit de Jordi Ordóñez (25-3-2018)­, tras felicitar la eficacia del CNI y los agentes de información de la policía en la operación de captura de Cales Puigdemont en Alemania, sólo cabe esperar ahora a ver si pueden ayudar a averiguar quién es ese M. Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas.

Ese tipo llamado M. Rajoy que defiende por doquier el “imperio de la ley”, porque “no hay alternativa a la ley”, y que promete responder “con la fuerza de la ley”,  y, cómo no –a propósito de los presos políticos catalanes–,  que “quienes ponen en peligro la democracia son los que se saltan las leyes y la Constitución”, al mismo tiempo que él incumple la ley  sin ninguna discreción, cuando le viene en gana, dándole largas con su variado surtido de obviedades, vaguedades y chascarrillos, cayendo en la mayoría de los casos en la caricatura y el esperpento. (9)

Y encima pretende mandar en Catalunya con arreglos y apaños en despachos lo que no ha  conseguido en las urnas, pues tan sólo obtuvo su partido –en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, convocadas por él mismo– una ridícula representación en el Parlament de 4 diputados, con el xenófobo, racista e islamófobo confeso de Xavier García Albiol al frente.

Basten algunos ejemplos infames de incumplimientos de leyes por parte de M. Rajoy y su gobierno, dejando al margen su (¿supuesta?) implicación en los manejos de la financiación irregular del partido político que preside, así como si se benefició con sobresueldos del partido en dinero negro.

A saber:

- El gobierno de M. Rajoy se saltó la Constitución con la amnistía fiscal de Montoro, como sentenció años después el Tribunal Constitucional por unanimidad.

- El gobierno de M. Rajoy ha hecho que España sea uno de los países más incumplidores de la legalidad europea y el tercer estado con más expedientes abiertos por incumplimiento “por incorrecciones en la transposición y/o una mala aplicación de la ley europea”, según el informe anual publicado en julio de 2017 por la misma Unión Europea. En concreto han incumplido 91 leyes, a fecha de 31 de diciembre del 2016, y se le han abierto 424 quejas por incumplir la legislación europea.

Entre los más grandes incumplimientos: el retraso en el nuevo modelo de financiación autonómica, la financiación “insuficiente” de la ley de dependencia, las carencias en la acogida de refugiados (ha aceptado apenas el 11 % de la cuota que aceptó ante la UE), los fondos pendientes de la adicional tercera del Estatut, las Cercanías y los “papeles de Salamanca”, entre otros.

- El gobierno de M. Rajoy incumplió en 2016 la Ley de Estabilidad que aprobó en 2012, al no bajar la deuda pública. Esa Ley consagraba la austeridad para las Administraciones Públicas y establecía mecanismos para reducir el déficit y la deuda pública.

- M. Rajoy incumple la Ley de Dependencia desde hace años, tolerando que cientos de personas en situación de dependencia fallezcan cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho. La incumple a sabiendas, dándose el caso que en algunas comunidades autónomas no ponen el 50% que le corresponde al gobierno (el otro 50% corresponde a las comunidades autónomas), como regula dicha Ley.

- El gobierno de M. Rajoy incumple la Ley de Aguas, que obliga al gobierno a destinar todo lo recaudado (no un bajo porcentaje, como ocurrió en 2016, con tan solo el 30% de lo recaudado) en el canon hidroeléctrico a la protección y mejora del dominio público hidráulico del Estado español.

-El gobierno de M. Rajoy incumplió la ley al encerrar en 2017 a 464 migrantes en un Centro Penitenciario de Archidona (Málaga), como una suerte de CIE temporal, cuando “los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario”, en base a la Ley de Extranjería y la normativa que regula el funcionamiento de los CIE.

- El gobierno de M. Rajoy incumple la Ley del Indulto al no informar  cada semestre al Congreso sobre la política de conmutación de penas, como ocurre desde 2015.

- El gobierno de M. Rajoy incumplió 34 sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo favorables a la Generalitat de Catalunya.

- El propio M. Rajoy presume sin tapujos de incumplir la Ley de la Memoria Histórica, dejándola de forma permanente sin presupuesto. Reconoce no haber gastado un céntimo en dicha Ley. Directamente se ha reído de ella públicamente en varias ocasiones, al igual que otros cretinos e insolentes miembros de su gobierno y su partido, a la que han degradado y dejado en vía muerta, especialmente en lo que se refiere a la localización de fosas. En este sentido, la ONU denunció al gobierno de M. Rajoy por no atender a las víctimas del franquismo, en un informe presentado en septiembre de 2014, donde se planteaba algunas cuestiones como la derogación de la Ley de Aministía de 1977, por suponer de facto una ley de punto final a los crímenes contra la humanidad llevados a cabo por el régimen, la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas, la reconsideración  del Valle de los Caídos para que se termine la exaltación fascista que tiene actualmente, y se realice labor de pedagogía sobre los que supuso realmente la dictadura de Franco.

- El gobierno de M. Rajoy incumple la mayoría de los compromisos que adquirió en la lucha contra la corrupción en la cumbre Anticorrupción que reunió en mayo de 2016 a más de 40 países en Londres, no garantizando todavía la transparencia en la contratación pública, no poner en marcha mecanismos contra el lavado de dinero vinculado a la corrupción, o no aplicar las penas más duras contempladas en el Código Penal contra los delitos de este tipo.

- El gobierno de M. Rajoy incumple la ley de noviembre de 2011 que ordenaba crear –en el plazo de un mes desde su entrada en vigor– una comisión de expertos para evaluar la viabilidad de la protección por desempleo para las empleadas domésticas, esto es, para las trabajadoras del hogar y de cuidados, porque nunca la ha formado. Y para ser más infames, el partido de M. Rajoy (el PP) puso una enmienda en los presupuestos de 2018 (aprobados a finales de mayo de este año), que retrasa a 2014 la integración en el Régimen General de este colectivo, con lo que el acceso a la prestación por desempleo está todavía más lejos.

Etc., etc., etc., ….

 

Viñeta de Bernardo Vergara

Y por si no fuera poco, el 29 de marzo de 2018 (festividad de “jueves santo”), el gobierno de M. Rajoy incumplió (una vez más) la separación de Iglesia y Estado recogida en la Constitución, que define a España como “estado aconfesional”, como constató la presencia institucional en Málaga durante el desembarco de la compañía de honores de la X Bandera del Tercio Alejandro Farnesio, IV de La Legión, y el traslado del Cristo de la Buena Muerte –conocido como el Cristo de Mena– a su trono en la casa hermandad, de los ministros de Defensa, de Justicia, de Interior, y de Educación, Cultura y Deporte, esto es, de María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido y Iñigo Méndez de Vigo, respectivamente, junto con otros cargos gubernamentales y autoridades locales del PP. Nunca había habido tanta representación gubernamental en esta fiesta de exaltación militar y religiosa en Málaga, en la que todos ellos, al paso de los legionarios portando el crucificado sobre sus hombros y a mano alzada mientras berreaban “El novio de la muerte” (el histórico himno legionario), todos lo berrearon a voz en grito también. Un hecho que debería ser denunciado por apología del franquismo y del fascismo, porque este himno lo utilizó un cuerpo militar (la Legión) que se inició en la represión contra el pueblo marroquí, que –pese a haberse reciclado ahora, en periodo democrático, en fuerza mercenaria  en "misiones humanitarias" (sic)– asesinó a cientos de mineros en Asturias en 1934, y que tuvo un destacado papel sanguinario contra la población durante la guerra civil. Una denuncia, no obstante, que no tiene ningún recorrido porque desgraciadamente en España la exaltación del fascismo y del franquismo no está prohibida y penada por ley.

Unos minutos antes, estos cuatro ministros del gobierno de M. Rajoy y otras autoridades del PP, habían pasado todos por el besamanos al Cristo de Mena, y recibido la medalla de la cofradía que lo custodia. Todo ello emitido en directo íntegramente por TVE (tanto en La 1 como en La 2), una televisión pública que controlan de manera partidista, olvidando que las creencias deben expresarse en el ámbito privado y no utilizar lo público para hacer propaganda de lo que ellos sienten o piensan. Se pasan por el arco del triunfo que el Estado tan sólo debe aportar protección y servicios para que estos eventos religiosos se realicen, nada más, y no para utilizarlos como propaganda del nacional-catolicismo, siempre tan necrófilo, y al ritmo de “¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!”, según el conocido rebuzno  que hizo el fundador de la Legión, José Millán Astray, a Miguel de Unamuno el 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca, en la que éste era rector. ¡Hi-aaa, hi-aaa,…!

La periodista Elisa Beni escribió al respecto, tras calificar a este gobierno de M. Rajoy como “gobierno de fariseos”, que esta fue “una foto buscada para refregar la impresión del triunfo de una única España sobre otra. Un Gobierno de hipócritas fariseos temblando de falsa emoción con algo que o no conocen o no comprenden. Dándose golpes de pecho en la conmemoración de una de las más claras manifestaciones del triunfo de la mal llamada razón de Estado, y de las mentiras de los que pretendían conservar el poder e imponer su visión de las cosas, sobre la verdadera Justicia. ¡Ah, sepulcros blanqueados!.” (10)

Al mismo tiempo, dado que esta gente se han apropiado de los símbolos de la nación, y dictan cátedra sobre qué es España y quién es antiespañol, la Cospedal, en calidad de ministra de Defensa, ordenó –como cada año, desde que está el PP en el gobierno–, que la bandera española ondeara a media asta, desde el jueves santo al domingo de resurrección en todas las unidades e instalaciones militares, en señal de duelo por la muerte de Cristo, justificando dicha decisión a “la tradición secular de los ejércitos”, cuando en verdad desde 2010 (con Carme Chacón como ministra de Defensa), hay un nuevo reglamento de honores militares, que suprime los honores al santísimo sacramento, y establece la voluntariedad de la participación de los militares en celebraciones religiosas.

“Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, reza el artículo 16.3 de la Constitución Española. ¡Un chiste ocurrente de los muchos que dejaron desperdigados en la carta magna quienes la escribieron!

Y así un incumplimiento de ley tras otro, actuando con desfachatez, descaro y obscenidad.

Pero lo más triste de todo es que M. Rajoy y su gobierno,  a pesar de sus atropellos y mentiras, a pesar de la debilidad del PP en el Congreso, está teniendo mucha suerte porque el PSOE no se une al resto de la oposición para lograr así un acuerdo para desahuciarlos del poder. ¿Cómo lo va a hacer, si mantiene en Andalucía  una corrupción blindada?

¿Qué esperar del PSOE, si fue el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en calidad de presidente del gobierno, quien pactó con M. Rajoy en agosto de 2011, poco antes de salir de su cargo, y con total alevosía y nocturnidad, sin realizar consultas a la ciudadanía, e impidiendo cualquier debate social y parlamentario, el cambio del artículo 135 de la Constitución para blindar la deuda pública, la disciplina fiscal, y la austeridad económica, plegándose a la regla del déficit del euro bajo control de Bruselas?. Un cambio que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2011, con la aprobación en el Congreso de los diputados con los votos favorables de PP y PSOE exclusivamente, entre ellos el de Pedro Sánchez, actual secretario general del PSOE, entonces diputado socialista raso.

Una reforma constitucional de urgencia que introdujo el principio de estabilidad financiera para garantizar el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas (dejando a estas sin posibilidad de autonomía o autogobierno, al no poder desarrollar la política fiscal), dando prioridad absoluta al pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones sobre cualquier otra rúbrica presupuestaria (como los servicios públicos de la sanidad y la educación, entre otros), justificando dicho cambio en que no había otra opción ante la presión de los mercados, que obligaba a hacer más recortes, e incluso bajo amenaza de rescate, cuando en realidad dicha reforma del artículo 135 de la Constitución no obtuvo los resultados que se buscaban a corto plazo, hasta el punto de que un año después, en 2012, España necesitó un rescate –al que M. Rajoy llamó préstamo– por parte de la troika europea para sanear el sistema financiero español y con consecuencias graves sobre el cómputo de la deuda pública, demostrando así que fue una reforma excesiva e inconsistente.

Sólo el hecho de decir que se hizo esta "reforma exprés" por las presiones de los mercados y de gobiernos extranjeros, y de que dicho cambio del artículo 135 en la Constitución no fuera refrendado ni ratificado por el pueblo español en referéndum (como es preceptivo), confiere al contenido una nula legitimidad.

Es muy ilustrativo tener en cuenta la circunstancia en la que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero "negó cualquier presión procedente del Banco Central o la Unión Europea para, a los pocos meses de retirarse del cargo, incluir en su libro ˝El Dilema: 600 días de vértigo˝ la carta ˝estrictamente confidencial˝ que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, envió a La Moncloa conminándola a aprobar como fuera esa reforma (algo que ocurrió tan solo 20 días después). Sumó así la comercialización privada de este documento público confidencial a la mentira previa en sede parlamentaria" (11). Por otra parte, no se olvide, Trichet obtuvo su cargo de presidente del BCE –como es habitual– sin haber sido elegido de forma democrática.

En resumidas cuentas, la reforma del artículo 135 de la Constitución (llevada a cabo por el PP y el PSOE), fue un ataque directo al estado social, que supuso en la práctica una reducción del gasto público que finalmente se concretó en recortes en servicios y prestaciones públicos, afectando negativamente a los derechos sociales de la población, e imponiendo así una economía neoliberal regida por las leyes del mercado y de una sociedad basada en el individualismo, donde sólo importa la suma de los egoísmos individuales, y el esfuerzo individual para conseguir el éxito, como muy bien observó en un extraordinario trabajo en julio de 2014 la profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,  Laura Flores Anarte (12).

Un panorama de efectos devastadores, que sólo se puede revertir en el marco de un proceso constituyente que revise, entre otras cosas, el artículo 135, cambiando las reglas de consolidación fiscal a la hora de contabilizar el déficit público, excluyendo el tanto por ciento de gasto en educación, sanidad, dependencia e investigación, que son elementos centrales del estado de bienestar.

Un proceso constituyente que revierta la recentralización fiscal y financiera por parte de la administración general del Estado tras la aplicación del reformado artículo 135 de la Constitución, que dejó poco margen a las comunidades autónomas y nacionalidades para desarrollar la política fiscal, el aspecto clave de cualquier posibilidad de autonomía o autogobierno.

Una intervención del gobierno central que ha generado múltiples encontronazos con los gobiernos autonómicos en el Tribunal Constitucional, siendo Catalunya el que más ha pleiteado, tras la insistencia por parte de M. Rajoy, su gobierno y su partido político (PP), de limitar en buena medida las posibilidades de que los catalanes construyan una política económica diferente en un estado descentralizado como –en teoría– es España. Y de aquellos lodos, estos barros.

Situación que se ha agravado aún más tras la aplicación arbitraria del artículo 155 de la Constitución en Catalunya por parte del gobierno de M. Rajoy (con el apoyo de Ciudadanos y PSOE), con el estrambote de “aviso a navegantes”, que ha hecho despertar de su letargo al ultranacionalismo español más rancio, y que poco lugar deja entonces a la esperanza de vivir en paz en un futuro próximo.

Ante este panorama, por tanto, cabe preguntarse: ¿por qué votan y siguen votando millones de españoles a M. Rajoy, y a partidos corruptos? La respuesta la da el historiador británico Paul Preston: “Es porque están tan acostumbrados”, porque “el español, por su historia, es una persona cínica. Y eso no es una crítica. A mí me parece un acto de inteligencia, porque después de siglos de mal gobierno, de injusticia social, de políticos totalmente corruptos o incompetentes o ambas cosas, no me extraña que sean cínicos. Si todos o muchos son corruptos, bueno, pues da lo mismo, les votamos igual. No sé, igual no estás de acuerdo…” (13)

Pues nada, al parecer en España “no hay pan para tantos chorizos”, para tantos cínicos que se ríen de otros cínicos robando, prevaricando y mintiendo con total impunidad.

¿Hasta cuándo los tontolabas van a seguir tolerándolo?

Antonio José Trigo

NOTAS:

(1).- Javier Segura, “De la dictadura franquista a la dictadura de los jueces”, 3-4-2018, Público, http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13127/de-la-dictadura-franquista-a-la-dictadura-de-los-jueces/

(2).-  Iñigo Sáenz de Ugarte, “La venganza del juez Llarena”,  24-3-2018, https://www.eldiario.es/zonacritica/venganza-juez-Llarena_6_753184707.html

(3).- Enric Vila, “Pablo Llarena, otro Espartero”, 25-3-2018, https://www.elnacional.cat/es/vidas/perfil-llarena_251133_102.html

(4).- Germán González, “La Audiencia de Barcelona pide una ˝solución política˝ entre España y Cataluña”, El Mundo, 22-10-2012,http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/21/barcelona/1350843156.html

(5).- Javier Pérez Royo, “En fraude de ley”, 30-3-2018, eldiario.es, https://www.eldiario.es/zonacritica/fraude-ley_6_755634432.html

(6).- Elisa Beni, "El pecado de no ser impecable", eldiario.es, 14-4-2018, https://www.eldiario.es/zonacritica/pecado-impecable_6_760883919.html

(7).- Javier Pérez Royo, "Una querella imprescindible", eldiario.es, 15-4-2018, https://www.eldiario.es/zonacritica/querella-imprescindible_6_761233890.html

(8).- Javier Segura, op. cit.

(9).- Para entender al personaje M. Rajoy, para desmontarlo, hay que leer el siguiente libro: Antón Losada, “Código Mariano. Desmontando a Mariano Rajoy”, Roca editorial /eldiario.es libros, Barcelona, 2014.

(10).- Elisa Beni, “Gobierno de fariseos”, 31-3-2018, eldiario.es, https://www.eldiario.es/zonacritica/Gobierno-fariseos_6_755984405.html

(11).- Fernando Valladares, Silvia Pérez-Espona, Joaquín Hortal, Luis Santamaría, Miguel Angel Rodríguez-Gironés, "La Constitución española no está totalmente ratificada por el pueblo español", https://www.eldiario.es/cienciacritica/Constitucion-espanola-totalmente-ratificada-espanol_6_762283788.html

(12).- Laura Flores Anarte, “El ataque constitucional al estado social: una análisis crítico de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española”, http://rabida.uhu.es/bitstream/handle/10272/10729/El_ataque_constitucional.pdf?sequence=2

(13).- Irene G. Pérez, entrevista al hispanista Paul Preston, “¿Por qué votan a los corruptos? Están tan acostumbrados….”, Contexto y Acción, 28 de febrero de 2018, http://ctxt.es/es/20180228/Politica/18124/entrevista-paul-preston-corrupcion-censura-Cataluyna.htm